La Comunidad AEC de la Asociación Española para la Calidad (AEC) dedicó su 57.ª reunión plenaria celebrada en el Gabinete de Historia Natural a dos temas críticos para nuestro presente y futuro: el cambio climático y el capital natural.
Marta Hernández, consejera técnica de la Oficina Española de Cambio Climático (OECC), comenzó su intervención realizando un resumen de los hitos más importantes sucedidos desde la adopción del Acuerdo de París en diciembre de 2015 hasta la presentación del anteproyecto de Ley sobre cambio climático y transición energética (LCCTE) presentado el pasado febrero. Entre ellos, recordó que para cumplir con París, los países deben reducir sus emisiones de GEI un 50 % para 2050 y las naciones desarrolladas, además, deben lograr una descarbonización de su economía de un 85-90 %. Además, mencionó el último informe especial sobre Un calentamiento global de 1,5 ˚C, elaborado por el Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC), del que desde el Ministerio para la Transición Ecológica han editado una guía resumida para facilitar su comprensión y lectura.
Entre los ejemplos de los efectos derivados de un calentamiento global de 1,5˚C para 2100, citó la desaparición de entre un 70 y un 80 % de los arrecifes de coral, mientras que en un escenario de 2˚C, este porcentaje se eleva hasta el 99 %.
En cuanto a España, explicó que el Plan Integrado de Energía y Clima para 2030, que deberá estar listo para finales de 2019, recoge como objetivos que las emisiones de GEI deben recortarse un 21 %, un 74 % de la generación eléctrica debe ser renovable, debe haber un 42 % de renovables sobre el uso de energía final de España, y la eficiencia energética debe aumentar un 39,6 %.
El más reciente anteproyecto de LCCTE establece como objetivos que para 2050 España debe disminuir las emisiones de GEI un 90 % respecto a 1990, el sistema eléctrico debe ser 100 % renovable. Para 2030, la ambición en estos aspectos es de un 20 % de reducción de emisiones de GEI frente al año de referencia; el sistema eléctrico debe ser un 70 % renovable; debe haber un 35 % de renovables respecto al uso de energía final e impulsar la eficiencia energética un 35 %. Además, explicó que para 2040 la futura Estrategia de Descarbonización para 2050 deberá incluir un objetivo concreto y enumeró como puntos destacables del anteproyecto que hace especial hincapié en impulsar las energías renovables, la movilidad sin emisiones, la transición energética sin combustibles, medidas de adaptación al cambio climático, medidas de transición justa, recursos para la lucha contra el cambio climático y la transición justa, la educación y la innovación.
También se refirió al Paquete 2020 y marco 2030 de Energía y Clima de la Unión Europea, y el nuevo sistema de gobernanza de indicadores aprobado. Entre los objetivos acordados, subrayó que mientras que para 2020 se deben reducir las emisiones de GEI un 20 %, lograr que un 20 % de la generación eléctrica sea de origen renovable e incrementar un 20 % la eficiencia energética respecto a 1990, para 2030 deben alcanzarse los siguientes porcentajes para estos mismos conceptos, respectivamente: ≦ 40 %, ≥ 32 % y ≥ 35 %.
Marta Hernández insistió en que, a pesar de que es mucho el trabajo por hacer para lograr los compromisos globales en materia climática, son alcanzables con el esfuerzo de todos.
Marta Hernández, consejera técnica de la Oficina Española de Cambio Climático (OECC)
Introducción al capital natural
En el espacio dedicado al capital natural, David Álvarez, director ejecutivo de Ecoacsa, puso en contexto la importancia de integrar el capital natural en la estrategia empresarial, explicó las implicaciones que tiene para las organizaciones hacerlo y no hacerlo y subrayó cuáles son los principales impulsores que conducen a las compañías a apostar por estos enfoques.
Para terminar, se refirió a algunas de las iniciativas que se están desarrollándose en el panorama internacional e impulsándose desde España para escalar el pensamiento del capital natural.
Así, recordó que cualquier sector económico depende de los activos naturales y servicios de los ecosistemas (agua y aire limpios, biodiversidad, productos forestales, alimentos, suelos sanos, polinización…) para desarrollar su actividad. Es decir, depende del capital natural. Sin embargo, esta relación no siempre es visible ni tenida en cuenta por las empresas, lo que lleva a que no estén considerando el riesgo que esto implica para sus negocios, ni la oportunidad que supondría conocer mejor y valorar su relación con la naturaleza en términos de ahorro de costes, mayor eficiencia, reducción de la huella de carbono y ecológica, entre otros.
En cuanto a las razones que están favoreciendo la visibilidad de las externalidades ambientales de las organizaciones, Álvarez se refirió a que los últimos informes sobre Riesgos Globales del Foro Económico Mundial (FEM) han situado a los riesgos ambientales en el cuadrante de riesgos con más probabilidad de ocurrencia y con mayor impacto para los seres humanos. Por tanto, son los más apremiantes y los que representan mayor amenaza para la seguridad y el bienestar de la población.
Compromisos globales como los enmarcados en la Agenda 2030 —los Objetivos del Desarrollo Sostenible— y el Acuerdo de París también representan una palanca importante para que el sector privado esté tomando cartas en el asunto para conocer mejor los impactos y dependencias que sus operaciones tienen de la naturaleza.
Los ODS y la contabilidad del capital natural (NCA, por sus siglas en inglés) comparten objetivos y filosofía, dado que ambos promueven el desarrollo de políticas integradas dirigidas a la consecución de un desarrollo sostenible. Mientras los ODS aportan el marco de políticas adecuado, la contabilidad del capital natural se ocupa de suministrar los datos necesarios para impulsar el avance hacia economías sostenibles.
La NCA es un marco de información integrado útil que suministra datos de valor para monitorizar el progreso hacia los ODS y garantizar la integración y la coherencia entre varios de sus indicadores.
Otros impulsores son:
— El Plan de Acción para un crecimiento sostenible de la Comisión Europea presentado en marzo de 2018. Este persigue impulsar la contribución del sector financiero al logro de una economía global más sostenible, por lo que las medidas que propone van dirigidas a que las entidades financieras respalden la agenda comunitaria sobre clima y desarrollo sostenible.
— Las recomendaciones del TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosure), grupo de expertos creado por el G20 a finales de 2015 por la preocupación de la comunidad financiera sobre la incorrecta valoración de los activos en relación con el alcance total del riesgo climático y la amenaza a la estabilidad del mercado que esto representa.
— La comunidad inversora exige cada vez mayor transparencia respecto a su portfolio de inversión y futuras actividades de gestión de activos, por lo que quiere estar informada sobre criterios ASG (ambientales, sociales y de buen gobierno). Esto ha derivado en la entrada en vigor de nueva Ley 11/2018 sobre información no financiera y de diversidad, que transpone la Directiva de la Comunidad Europea al respecto.
— El liderazgo y rendimiento corporativos de las empresas en índices bursátiles sostenibles (por ejemplo, el Dow Jones Sustainable Index) favorecen el aumento del reporte de información no financiera.
Impulsando el diseño de entornos empresariales orientado a la mejora de la biodiversidad
David también acercó a los asistentes a la reunión de la AEC el concepto del diseño de entornos empresariales orientado a la mejora de la biodiversidad, impulsado por siete socios europeos de Alemania, Austria, Eslovaquia y España a través del proyecto LIFE BooGI-BOP, financiado por el Programa LIFE de la UE.
Este enfoque práctico contribuye a la protección de la biodiversidad y mejora la infraestructura ecológica en los emplazamientos y sus alrededores. De esta manera, las empresas contribuyen a la protección y el fortalecimiento de la diversidad biológica y, al mismo tiempo, mejoran el atractivo general de sus instalaciones.
David Álvarez, director ejecutivo de Ecoacsa
Iniciativas internacionales
Una de las iniciativas que marcaron un punto de inflexión en la consideración del valor de los recursos naturales fue el informe conocido como informe TEEB (The Economics of Ecosystms and Biodiversity). Este surgió a propuesta de los ministros de Medio Ambiente del G8+5 en 2007 en Postdam (Alemania), y buscaba desarrollar un estudio global del impacto económico de la pérdida de biodiversidad.
A escala gubernamental, Álvarez explicó que desde el Banco Mundial se está liderando una iniciativa global que trabaja con los países para ayudarlos a desarrollar cuentas ambientales que integren los recursos naturales y su valoración económica en la planificación de políticas de desarrollo y económicas. Se trata de WAVES (Wealth Accounting and Valuation of Ecosystem Services —Contabilidad de la Riqueza y la Valoración de los Servicios de los Ecosistemas).
También en el ámbito público, se refirió al marco que suelen emplear los países para organizar e informar sobre sus cuentas ambientales: el Sistema de Contabilidad Ambiental y Económica (SCAE o SEEA, por sus siglas en inglés) de las Naciones Unidas. Mientras, el marco general para el sector privado es el Protocolo del Capital Natural, lanzado en julio de 2016 por la Natural Capital Coalition para facilitar a las empresas la medición, evaluación y valoración de sus impactos y dependencias del capital natural.
Otros proyectos en marcha para ayudar al sector empresarial a incorporar la biodiversidad en su toma de decisiones son la plataforma de la Unión Europea Business and Biodiversidad (B@B), su homóloga española IEEB — dependiente de la Fundación Biodiversidad (Ministerio para la Transición Ecológica)—, alemana Business in Good Company, la india Leaders for Nature, la plataforma holandesa Platform Biodiversiteit, Ecosystemen en Economie y la Natural Capital Factory, plataforma regional española de la Natural Capital Coalition.
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