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Los bancos de conservación de la naturaleza o bancos de hábitat son un mecanismo de mercado surgido con el fin de garantizar la conservación a largo plazo de la naturaleza. Se trata de una herramienta que permite que la iniciativa privada se involucre en la gestión y creación de espacios naturales, al tiempo que pueden obtener beneficio económico por ello. Son una herramienta de compensación de impactos ambientales por la que los propietarios y usuarios del territorio en el que se establecen dichos bancos pueden promover acciones para mejorar la biodiversidad y garantizar su conservación a largo plazo. Estas acciones son cuantificadas y valoradas por entidades acreditadas y otorgan a su promotor (fundamentalmente empresas) los llamados «créditos de conservación», que son títulos legales que certifican la generación de valores de conservación de la naturaleza. Estos créditos, que tienen un valor contrastado, pueden ser comercializados para emplearse como medidas complementarias o compensatorias susceptibles de ser aplicadas en proyectos e instalaciones en las que sea requerido por la legislación vigente. El objetivo que persiguen los bancos de conservación de la naturaleza es lograr que no exista pérdida neta de biodiversidad, es decir, que el balance entre lo que se crea y se conserva y lo que se destruye sea siempre positivo. Esta meta se puede conseguir bien mediante la preservación de recursos naturales o de los servicios de los ecosistemas.
La necesidad de promover la conservación de los recursos naturales y los ecosistemas ha conducido al desarrollo de los Pagos por Servicios Ambientales (PSA —Payment for Ecosystem Services, PES). Estos consisten en unos sistemas establecidos de pagos u otros incentivos a los agricultores y propietarios de tierras a cambio de una gestión sostenible de sus tierras, de manera que proporcionen o mantengan los servicios de los ecosistemas que las habitan. La idea básica es que quienes se benefician de los servicios ambientales compensen a los agricultores y propietarios por su gestión. Por ejemplo, una ciudad podría pagar a un agricultor ubicado aguas arriba por mejorar sus prácticas de gestión de residuos de manera que evite la contaminación de la fuente de agua de la que se nutre la ciudad aguas abajo. Los pagos por servicios ambientales pueden ser promovidos por las administraciones, como medida de desarrollo sostenible de zonas subdesarrolladas o en las que se están desarrollando actividades dañinas para el medioambiente, o por empresas interesadas en la conservación de unos servicios ambientales determinados. En este segundo caso, las empresas que demandan estos servicios ambientales lo hacen por la rentabilidad que les aporta el mantenimiento del servicio ambiental por el que pagan.
Los impuestos medioambientales son tributos que persiguen el aumento del coste de un producto o servicio como consecuencia de realizar una actividad «dañina» con el medioambiente. De este modo, se intentan modificar conductas o evitar la realización de ciertas actividades. Su objetivo es reflejar los costes derivados de dañar el medioambiente. Al trasladar el coste del impuesto al precio, se pretende desmotivar la compra por parte de los consumidores y, por lo tanto, presionar a los productores para modificar sus modelos productivos.
Las certificaciones son herramientas que permiten modificar las decisiones de compra de un consumidor, al acreditar una serie de comportamientos beneficiosos para el medioambiente por parte de los fabricantes de los productos o servicios. Mediante las certificaciones, las empresas, los productos o procesos concretos son sometidos a evaluación por un organismo independiente (entidad certificadora) para corroborar el cumplimiento de los criterios establecidos por la certificación que se quiera obtener. Este cumplimiento se constata emitiendo un certificado escrito avalado por la entidad certificadora, verificando el cumplimiento de estos criterios.
Son instrumentos que permiten financiar el mantenimiento de un servicio ambiental a través del establecimiento de pagos directos por su uso. Estas herramientas permiten transmitir al consumidor la idea de que los servicios ambientales «cuestan», ya que la tasa depende en parte del coste del servicio. Existen múltiples tipos de tasas consideradas ambientales, desde las que se cobran por la recogida de basura en una ciudad, hasta el cobro por el acceso a un parque natural.
Las subvenciones son pagos directos efectuados por las administraciones que pretenden incentivar la creación de servicios ambientales. De esta manera, se favorece el desarrollo de actividades ambientalmente favorables, mediante cierto control por parte de la Administración sobre los servicios ambientales que se generan como consecuencia de estas actividades. Para que resulten exitosas, es necesario que las administraciones realicen la valoración de ese bien o servicio ambiental para la sociedad. En muchas ocasiones, lo que se calcula es el lucro cesante que tiene, por ejemplo, un agricultor para generar ese servicio ambiental. En términos de aspectos medioambientales, buscan la reducción de los riesgos que tiene la agricultura moderna o la preservación de terrenos cultivados por sus beneficios sobre los ecosistemas u otros beneficios.
Existen otros mercados medioambientales basados en el establecimiento de límites de uso de los recursos o servicios ambientales. Surgen de la necesidad de establecer límites al uso de los recursos para hacerlos sostenibles y controlar el acceso a ellos para protegerlos. Una de las vías consiste en adoptar el establecimiento de cuotas de uso, que son asignadas mediante criterios concretos en cada caso (históricos, subastas,…). Una vez asignados estos derechos, pueden surgir mercados en los que se comercia con dichos derechos, de manera que sea el propio mercado el que redistribuya estos derechos y, por lo tanto, el acceso a los recursos. De esta forma, se regula el acceso a los recursos naturales, estableciendo criterios económicos y sociales para esta regulación.
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